sábado, 23 de septiembre de 2017

¡Lección de temblores a políticos!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Los recientes movimientos sísmicos de septiembre en México, que se prolongaron este sábado en Oaxaca -con magnitud de 6.1 grados y epicentro al oeste de Unión Hidalgo-, se convirtieron en menos de 17 días en un verdadero parteaguas político-social para todo el país, ya que lo mismo rompieron con históricos paradigmas, que confirmaron el hartazgo político y sentir de la mayoría de los mexicanos.
         En el caso de Quintana Roo y Yucatán, otrora considerados de difícil, casi imposible afectación telúrica por la fuerte compactación de su suelo, a partir del día 7 se comprobó que no estaban del todo libres, cuando, minutos antes de la medianoche, quienes permanecíamos despiertos pudimos constatar el inusual temblor.
         Y conste que era la tercera ocasión en la historia que temblaba en la entidad, y aunque, a decir verdad, pocos recordamos con exactitud las fechas, oficialmente puso de manifiesto que Quintana Roo NO se está a salvo, como tampoco lo está Yucatán de los huracanes, por lo cual es inútil la frase “me regreso o me voy a Yucatán” ante este último tema.
           Lo que SÍ es cierto es que ambas entidades se incluyen entre las 10 zonas con menores posibilidades de sufrir algún movimiento telúrico, ya que, ubicado en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, México, sobre tres de las placas tectónicas más grandes de la Tierra, según el US Geological Survey, es uno de los países con más probabilidades de ser afectados.
         Así, los territorios donde es poco probable son Nuevo León, Saltillo, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Tamaulipas y Yucatán, y aunque el caso de la Península es una de las consideradas “zonas de bajo riesgo”, los episodios más recientes en Campeche y Quintana Roo no tuvieron gran intensidad.     
         Ahora bien, aunque Quintana Roo adolece de un sistema sismográfico, en el caso de Yucatán cuenta con uno que, ubicado en el Cementerio General, se instaló desde 1910 durante el gobierno de Porfirio Díaz, y aunque se inundó durante el huracán “Gilberto” del 13 de septiembre de 1988, se “modernizó” e inauguró en 2010. Sólo queda un edificio abandonado y una placa inaugural.   
         Hasta donde se sabe, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que el anterior movimiento telúrico de Yucatán se registró el jueves 7 de abril de 2016, con un sismo de 2.9 grados en la escala de Richter a las 11:50 de la mañana, esto a 19 kilómetros de Motul, entre Dzemul y Dzidzantun.
         Obligados a documentarnos, cabe señalar que en el caso de la Península, se registra un sismo de poca intensidad cada 12 ó 18 meses, generalmente con epicentro en el Sur del Estado y costas de Quintana Roo, el último de ellos el 11 de enero de 2015, a 67 kilómetros de Playa del Carmen, en el mar, con una intensidad de 4.2 grados.
         Por otro lado, la pregunta obligada en torno a los recientes fenómenos climatológicos es si existe relación entre huracanes y terremotos, ya que, en cuestión de un mes el continente americano sufrió cinco huracanes de enorme  magnitud (Harvey, Katia, Irma, José y María), y dos terremotos que devastaron el sur y centro de México, uno el 7 de septiembre, y otro el 19.
El hecho de que el último terremoto de 7.1 grados ocurriera en el aniversario del de 1985 es sólo coincidencia, y aunque no existe relación directa entre huracanes y terremotos, no significa descartar un vínculo en casos específicos.
Según investigaciones científicas, ambos fenómenos tienen explicación natural separada y su ocurrencia no es anómala, tanto por el momento de los huracanes como por el lugar de los terremotos, además de que mientras los huracanes se pueden monitorear y pronosticar, no hay tecnología para predecir terremotos.
Profesor asociado de ingeniería geotécnica y de terremotos de la Universidad Tecnológica de Australia, Behzad Fatahi explica que si bien el paso de Katia en la costa del Golfo de México y la devastación de Irma y María en el Caribe ocurrieron entre el primer y el segundo terremotos, la explicación está en la tierra.
Por su parte, investigadores de la Universidad de Miami apuntan que los deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia y el exceso de ésta transportan materiales erosionados aguas abajo. Como resultado, se reduce la carga superficial por encima de la falla.
Hasta ahí las cosas, hoy amanecimos con la novedad del sismo de Oaxaca y que brigadistas mexicanos y japoneses que trabajan en el rescate de personas en la Ciudad de México no pudieron ocultar su frustración y dolor ante las órdenes oficiales de abandonar la búsqueda como medida protocolaria y de seguridad tras el fenómeno, que desató las alarmas apenas cuatro días después de que otro de 7.1º causara unas 300 víctimas.
         Días antes, el malestar general era la nula participación de políticos y sus partidos en apoyo a damnificados, así  como el desvergonzado y hasta cínico papel de las autoridades estatales, sobre todo de Oaxaca y Morelos, donde el gobernador Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda de León, presidenta del DIF-Estatal, son los principales “protagonistas” por retener y condicionar la entrega de apoyos.
         Antes circunstancias como éstas, las redes sociales se convirtieron en principales medios de denuncias e hicieron viral una serie de llamados a hacer conciencia, una de ellas del periodista-político, Pedro Ferriz, quien preguntaba qué pasaría si en las elecciones del  2018, al abrir las urnas, aparecieran tachadas totalmente mal las boletas correspondientes al voto para senadores.
La interpretación lógica, dice, sería que los mexicanos no los queremos Senadores y, por lo tanto, desaparecerían y nos ahorraríamos el innecesario y costoso Senado, con lo que sugería enviar la papeleta del Senado con una gran cruz que abarcara TODA la boleta, para ser nula, y así eliminar el Senado.
Puntualiza, con justa razón, que, por ejemplo Noruega, Suecia,  Dinamarca y Holanda carecen de Senado, mientras que Alemania sólo tiene 100, y Estados Unidos UNO por cada Estado ¿Por qué mantener 128 ineptos en México?, aduce
Comen lo que el 15 % de la población puede comer, viven como el 1% de la población puede vivir, ganan sin trabajar lo que deben y a nadie rinden resultados ni cuentas, pese a que deberían hacerlo ante nosotros, pero también es evidente y cierta nuestra apatía. Con su eliminación ahorraríamos 4 mil 500 millones de pesos al año.
Por si fuera poco, existe la propuesta de permitir su reelección, mas no su reducción, lo que significa que el esfuerzo ciudadano ni siquiera se tuvo en cuenta o que la voz de los mexicanos no cuenta, por lo que llegó el momento de participar, tal y como ejemplificaron los árabes, al acordar derrocar su régimen.
Según Ferriz, un periodista recabó más de 3 millones de firmas para abolir la existencia de diputados plurinominales en México, pero NO pasó nada, se hicieron “de la vista gorda”, lo que, creemos, nos obliga a tomar medidas más radicales, y la única vía son las elecciones, concretamente en las boletas, donde podemos demostrar nuestro hartazgo.
Ferriz opina hacerlo contra el Senado, pero, caray, nuestro coraje, tal y como, por ejemplo, demostramos el año anterior los quintanarroenses contra los gobiernos del PRI, habremos de canalizarlo buscando un cambio, pero un VERDADERO cambio, tal que no nos cambien votos por “espejitos” que se concretan luego en desempleo y corrupción.
Sin ser necesariamente adivinos, estamos en condiciones de anticipar que el reflejo del parteaguas político serán las elecciones del 2018, y los primeros castigados, justamente, serán el presidente Peña Nieto y el PRI, que han dado sobrada muestra de corrupción, impunidad e incapacidad desde TODAS sus “trincheras”, particularmente el Congreso de la Unión.
Haber donado todos sus ingresos como partidos o parte de ellos, no cambian cinco años de prefabricar un marco legislativo que no sólo tienen al país al borde del abismo -como Quintana Roo y la deuda de sus tres últimos gobernantes-, sino con una serie de medidas para “blindarse” y buscar asegurar su impunidad, como Roberto Borge ante su fin de sexenio, y ahora Carlos Joaquín González con “su” Auditor Superior, Fiscal Anticorrupción y presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En fin, lamentablemente, los fenómenos meteorológicos, que apenas parecen empezar ante la temporada natral que concluye en noviembre -en el caso de los huracanes- han significado un doloroso medio para el despertar de los mexicanos, algo similar a lo ocurrido con los “gasolinazos” que, sin embargo, tampoco parecen tener fin…al menos NO en este sexenio priísta.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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jueves, 21 de septiembre de 2017

 ¡Ahora dice Félix ser “angelito”!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Al igual que cuando intentó justificar el sobreendeudamiento en el que postró a Quintana Roo “porque así lo hizo el Gobierno Federal”, el ex gobernador priísta Félix González ahora pretende hacer lo propio con la denuncia por la venta a precios subvaluados de predios del Gobierno del Estado, que interpuso la organización “Somos tus ojos” ante la PGR.
         Mejor defensora de los intereses de la entidad que el propio gobierno de Carlos Joaquín González, que se ha ensañado con sus enemigos y protegido a amigos y familiares -¿verdad Víctor Alcérreca Sánchez y Javier Zetina González?-, “Somos tus ojos” involucró al senador en el “remate” de 165 predios del Estado a empresarios, funcionarios y otros, en la mayoría de los casos a precios subvaluados entre 2005 y 2011.
         Según la denuncia, que consta de tres anexos con 156 hojas al detalle, interpuesta el 14 de septiembre, pero publicada el domingo último, los inmuebles estarían ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.
Ante la posibilidad de que, debido al tiempo transcurrido, hubiera fenecido el plazo para denunciar los hechos, el organismo, que encabeza Fabiola Cortés Miranda, explica que la prescripción de delitos no opera mientras la persona goza de fuero, por lo que la PGR deberá investigar el caso, ya que el cozumeleño concluyó su encargo en abril de 2011, pero en septiembre de 2012 asumió como senador y goza aún de fuero.
En este sentido, precisa que si el remate de predios por parte de Roberto Borge resultó “un escandalazo”, el de Félix González lo supera en número de terrenos y plusvalía de terrenos involucrados, así como en el nombre de involucrados, varios de ellos repetidos.
Por su parte, el ex gobernador aseguró que la denuncia se basa en hechos y datos supuestamente desvirtuados para “confundir” a la opinión pública, ya que entre los 165 predios ‘rematados’ durante su malogrado sexenio hay muchas operaciones parte de la función normal de un Gobierno, con valores distintos a los del mercado.
Así, según él, “se está desvirtuando la realidad de las operaciones, ya que en esa relación existen no sólo ventas sino también regularizaciones, conciliaciones y permutas legales”.
         Como era de esperarse, las operaciones las realizó a través del oscuro Instituto del Patrimonio e Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), creado el 30 de mayo de 2005 durante su sexenio como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal.
A punto de cumplir sus primeros ocho años en mayo de 2013, con el título “IPAE, oscura mina de oro”, nuestra columna se refería al “eslabón” entre los gobiernos de Félix González y Roberto Borge en el manejo irregular de los terrenos propiedad de Quintana Roo: Nos referimos a la ex directora de esa dependencia, Claudia Romanillos Villanueva.
Sujeta a proceso, pero en libertad en tanto se resuelve un Amparo, la ex funcionaria sólo era identificada en ese entonces como secretaria particular de Borge antes de que éste se convirtiera en mandatario, tras lo cual aquélla asumió la titularidad del IPAE el 11 de abril del 2011
         No obstante tratarse de una dependencia estratégica de gobierno como ente sectorizado de la Secretaría de Hacienda con jurisdicción en toda la entidad, lo último que se supo sobre sus operaciones es que hasta diciembre del 2010 su patrimonio tenía un superávit superior a 245.2 millones de pesos.
         Con el único antecedente de contar con un título de Licenciada y haber sido consejera política nacional del PRI (2011-14), la chetumaleña Claudia Romanillo relevó a la no menos desconocida Gina Patricia Ortiz Blanco, funcionaria inepta, ineficiente e ineficaz, que truncó grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura, a lo que se atribuyen tantos problemas con la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya.
         Responsable de que con Félix González no se consiguiera un centímetro de tierra a través de la negociación con los dueños, que todo compraron a precios altísimos, Gina Patricia, mujer soberbia y sin escrúpulos, pequeña para el cargo, sin embargo, decía haber obtenido éste por el simple hecho de ser “comadre” del cozumeleño, aunque no pocos lo atribuían a “otras” razones.
         El caso de Claudia Romanillo no era muy diferente, ya que se hablaba de un “noviazgo” con “altísimo” funcionario estatal que le obsequió una casa en Residencial Andara, por cierto “visitada” en su momento por amigos de lo ajeno, lo que estuvo a punto de costarle la chamba al entonces Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres
         El Instituto, cuyo subdirector era Jorge Morales Calzada, y su director de Unidad de Planeación, Víctor Manuel Cámara Novelo, tenía 86 funcionarios y una nómina donde algunos figuraban ¡hasta con cuatro cargos!, como Aníbal Efraín Villanueva Polanco, titular de la Dirección de Productos Inmobiliarios, los Departamentos de Planeación y Financiamiento y Proyectos Estratégicos, y la Coordinación de Desarrollo y Comercialización.
         Más aun, Isidro Góngora Martín era subdelegado Técnico y jefe del Departamento de Obras, mientras Daniel Chi Chiquil aparecía como director de Finanzas y Contabilidad y jefe del Departamento de Contabilidad.
         Así de “generosa” con sus subordinados, Claudia Romanillo, empero, también se caracterizó por sus férreas decisiones, como fue con el violento desalojo de decenas de familias de 42 mil metros cuadrados de terrenos de una colonia del antiguo ejido Calderitas, ubicado al final del fraccionamiento Caribe de Chetumal, sobre el cual nunca quiso dar la cara por el exceso de fuerza pública y destrucción de las viviendas.
         Otra muestra de oscuridad del IPAE, fue el caso de la caleta Xel-Ha que, con 110 mil metros, concesionó en 1994 el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid al “Grupo Xcaret”, que encabezaban Miguel Quintana Pali, los hermanos Constandse-Madrazo y Francisco Córdova Lira, este último cuñado de Marcos Constandse.
         Durante casi dos décadas de operarlo como parque ecoturístico, los empresarios eran acusados de evadir impuestos por ignorarse las condiciones en que, con aval del Congreso, se otorgaron los terrenos, aunque, de manera sorprendente Claudia Romanillos negaba la concesión sobre los predios de Caleta Xel-Ha y del Caribe, pese al Decreto de la VII Legislatura, que en el 2006 ¡Félix González extendió por otros 30 años!
         También se incluye la sospechosa venta de Félix González de Villas Deportivas Juveniles (antes CREA) para construir un edificio de 10 pisos, el cual se realizó sin licitación pública durante el último año de Félix González, lo que Claudia Romanillos ocultó como “secreto de estado” y permanece en la más plena opacidad.
         Pero esas no eran las únicas cosas que se ocultaba en esa mina de oro, ya que durante su gris sexenio el senador habría vendido a particulares un total de 877 predios, aunque saber en cuánto cada uno y quiénes los adquirieron requeriría de miles de horas, pues el IPAE se negó sistemáticamente a informar, excepto con un folio del Registro Público de la Propiedad.
         ¿Por qué ocultar los montos? Obvio, Félix González vendió a precios “preferenciales”, es decir, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino habría cumplido su promesa de distribuir la riqueza, pero a favor de unos cuantos.
         Seis años después de concluido su periodo, “Somos tus ojos” dice que uno de sus más grandes negocios fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios entre los que se incluirían prestanombres, además de un personaje vinculado a su homólogo yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene estrecha amistad con el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.
Según explica Fabiola Cortés, el ex gobernador cedió a empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el ex INVIQROO (Instituto de Vivienda de Quintana Roo), entre las primeras, 31 hectáreas con casi un kilómetro de playa, pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Sobre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios, “Mayazama”, que vendió a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades. Su primera fase, vendida y habitada, se trata de uno de los desarrollos más controvertidos, llamado inicialmente “Down Town Tulum”, que cambió nombre por la oposición de ecologistas.
Puntualiza que a, través de la escritura pública número 22824 de diciembre de 2007, pasada ante el notario chetumaleño Reynaldo Vanegas Marín, existen antecedentes de un negocio turbio que involucra a Díaz Castellanos, Rodolfo Rosas Moya, Emilio Heredia Lima, Francisco Javier y Francisco Evadio Garibay Osorio, éste último ex titular del INVIQROO y del IPAE en los primeros meses de Félix González, así como Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.
Con todo, el ex mandatario citó como casos desvirtuados el predio de Tormentos en Cozumel, que otorgó en permuta, así como Punta Tormentos, de la familia González Angulo, que “años antes de que fuera gobernador compró al Estado el predio Xcacel-Xcacelito para un desarrollo hotelero en sociedad con una empresa española, y al no poderse por cuestiones ambientales, el Gobierno permutó por varios predios en la Rivera Maya y Cozumel.
A punto de concluir como Senador, que le obtuvo Borge para protegerlo, Félix perderá el fuero en 2018 y toda posibilidad de continuar con la inmunidad e impunidad que le ha caracterizado frente a tantas denuncias, ya que también perdería la protección del próximo ocupante de Los Pinos, aunque conservaría el “calor” de los priístas Gamboa Patrón y Raúl Cervantes, éste último virtual candidato a convertirse en el zar “Anticorrupción”.


PD: Tras prácticamente dos ininterrumpidos meses, continúa en Chetumal el problema de baja presión del agua que vende CAPA a precio de oro, sin que parezca importarles al director general de la empresa, Gerardo Mora Vallejo, ni al propio gobernador Carlos Joaquín.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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viernes, 15 de septiembre de 2017

El Diablo, ¡tras Borge y CJG!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a la necesidad de una investigación a fondo para poner las cosas en su lugar, la reciente ejecución de Héctor Manuel Casique Fernández “El Diablo” pasó prácticamente inadvertida para la Fiscalía General de Quintana Roo y la PGR, que hasta hoy no dan signos de querer investigar y aclarar ese caso que tanto escandaliza ahora al gobierno de Carlos Joaquín González.
Tras la primera parte de este tema, la pregunta obligada, como tras cualquier asesinato, es quién tendría interés en que la víctima callara para siempre. La respuesta obligada es: Alguno de los 120 implicados a los que la madre del hoy occiso, Yaskade Fernández, denunció como responsables de la detención y permanente tortura de Héctor Manuel.
No olvidemos que entre los principales se incluyen el ex director de Seguridad Pública municipal de Cancún, “Capitán” Arturo Olivares Mendiola; los ex procuradores de Justicia, Gaspar Armando García Torres y Carlos Arturo Álvarez Escalera, y el propio ex director de la Policía Preventiva de OPB, Didier Vázquez Méndez, quien aspiró infructuosamente convertirse en Fiscal Anticorrupción.     
Con todo y que, como publicamos, el propio Tribunal Superior de Justicia ha ordenado proceder contra los 43 acusados iniciales, a los que la Justicia Federal negó Amparo, el titular de la Dirección Jurídica de la Fiscalía, Iceberg Nahum Patiño Arbea, se niega sistemáticamente a ejecutar las órdenes de aprehensión libradas contra aquéllos.
Del asesinato del 8 de junio ningún medio informativo ha dado puntual seguimiento -algunos sólo informaron sobre la ejecución-, pese a una serie de datos que poco han importado a la Fiscalía o PGR -ni siquiera se sabe si ésta atrajo la investigación.
Lo cierto es que Casique y otro sólo identificado como “Javier” fueron atacados a ráfagas de balazos a las 18:28 horas por un comando armado que bajó a un restaurante de un vehículo Swift de Suzuki. Casique huyó al baño, donde fue rematado, mientras su acompañante murió al instante, al parecer por balazos de AR-17 y AK-47 (“Cuerno de chivo”), de los que se recogieron 40 casquillos.
A la misma hora, la policía recibe informe de un “levantón” en la avenida Huayacán, donde la Federal se habría topado con una camioneta en la Supermanzana 312, pero al marcarle el alto recibió disparos, lo que originó una balacera y persecución. El secuestrado era JGB, de 31 años de edad, quien resultó herido en la cabeza. Fue atendido y trasladado a un hospital.
Poco después, en Residencial las Américas, entre Honduras y Ecuador, fueron detenidas seis personas relacionadas con estos hechos, pero sólo se supo que fueron liberadas por portar armas prohibidas.
Lo cierto es que tras la llamada del 911 a la Procuraduría sobre la ejecución ¡a las 18 30 llegaron los policías judiciales!, cuatro de ellos entre los 43 denunciados, uno de ellos Aarón Pérez Olguín. Hasta pareciera que solo esperaban que les confirmaran la muerte de Casique.
Mientras perseguía la Policía Federal a los 6 supuestos secuestradores, la madre del occiso llegó al lugar tras una llamada de su abogada Anita Cortés, quien le dijo que le había pasado algo a su hijo, que hacía dos horas que había salió de la casa. Corrió unos dos kilómetros de donde dejó su camioneta, ya que la policía no la dejaba pasar. La PGR se llevó su vehículo por “sospechoso”. La abogada vio a los secuestradores.
Entrevistada antes de viajar al extranjero, Yaskade Fernández dijo que la muerte de su hijo ocurrió el día 8, pero el 12 la Fiscalía habla del cierre del caso y el “carpetazo” por la muerte del “procesado”, pero ella se niega, sobre todo porque no era procesado tras demostrarse su inocencia.
Tras señalar que quien lleva la carpeta de investigación es uno de los 43 implicados -Pedro Ulises Rivero Gordillo-, cuestionó que, pese a que el asesinato fue en el restaurante, los autores balearon el vehículo del occiso, en un aparente intento de cambiar la escena del crimen, y dos horas después lo meten al corralón, tras desvalijarlo, hasta del estéreo y dos maletas vacías. Se llevaron todas las pertenencias y rompieron todos los cristales.
Aclaró que se presentó ante los medios de información el mismo día porque no le querían entregar el cadáver de su hijo, lo que sólo fue posible por presiones de la prensa, supuestamente porque lo analizarían y podía servir en la sentencia. Hasta 24 horas después le permitieron reconocer el cadáver, mientras que el carro no pasó ni por balística, pues sólo querrán cambiar toda la escena, y dos horas después ya tenía los casquillos.
La afligida madre tomó 12 mil pesos antes de acudir al lugar de los hechos para la eventual necesidad de un hospital, ya que creyó que su hijo pudo sufrir un accidente -se los robaron junto con un celular-, aunque entre quienes llegaron inmediatamente por su camioneta -por “sospechosa” junto con su hija por llegar corriendo-, estaba Pablo Huerta Soto, otro de los 43 implicados.
El vehículo estaba bien estacionado, no tenían por qué llevárselo, pero se abrió otra carpeta de investigación por si el carro, junto con el de su hijo, era robado. De ahí sustrajeron la bolsa con el dinero y el teléfono
Al acudir a la Vicefiscalía General con su hija a reclamar la camioneta, la titular de la dependencia, Rosaura Villanueva Arzápalo, a quien apenas ayer se nombró Fiscal Anticorrupción -ya hablaremos del tema- estaba “haciendo tiempo”, no se sabe si para que las mataran, pero no le entregaba el vehículo, y cuando su hija fue a reclamar las pertenencias de Casique la dejó mucho tiempo sola con los policías e hizo dar muchas vueltas.
Al día siguiente del crimen, donde sustrajeron la tarjeta de débito de Casique Fernández, se hicieron 20 movimientos bancarios con el documento, el carro de aquél lo abrieron a balazos y rafaguearon por dentro pese a que no había nadie en su interior. Al infortunado hombre le destrozaron el cráneo a balazos, y sabrá Dios qué más le querían hacer con saña, pero no pudieron por la llegada de los federales.
El otro asesinado era un amigo, de Tabasco, un muchacho humilde que a veces servía de chofer, pero también lo embarraron, mientras los federales hacían su rondín. A lo mejor querían ponerle un arma a Casique Fernández para decir que estaba armado, pero no les dio tiempo.
Lo cierto es que en el informe del Ministerio Público volvieron a  poner el nombre de “La Sirenita”, en tanto Aarón Pérez Olguín, otro de los 43 implicados, fue quien puso el carro en la grúa. Irónicamente ¡Parecía que estaban investigando a Casique Fernández en lugar de investigar su muerte! ¡Vaya Fiscalía que encabeza Miguel Ángel Pech!
Ya que mencionamos a Olivares Mendiola y “La Sirenita”, vale la pena recordar el origen de los hechos sobre esa familia que, dicho sea de paso, ya no vivía 100% en el Estado porque era víctima de persecución y amenazas de secuestro, el niño, sobre todo, aunque muchas veces su hija, quien no pudo ni seguir su carrera preparatoria, excepto en línea, mientras que a ella le han roto la boca por la judicial, y lastimado y tirado a su abogada.
La historia de Casique, a quien apodaban “El diablo”, inició el 17 de marzo de 2013, cuando lo presentaron como capo del Cártel del Golfo y uno de los responsables de la masacre de siete personas en el bar “La Sirenita” de Cancún, entre ellas el subsecretario de conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la ex alcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Casique, cuya madre ha sido su principal “sostén”, era experto en artes marciales, con una escuela en Isla Mujeres, además de impartir cursos y ofrecer servicios de guardaespaldas. Fue escolta del ex alcalde de Cancún, Jaime Hernández Zaragoza, y apoyó al Estado Mayor Presidencial y Federal con el resguardo de diplomáticos y extranjeros.
Así, entrenó judiciales del Estado y se relacionó con diversos mandos, incluso el entonces subprocurador de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, aunque su vida tuvo un giro de 180 grados con Olivares Mendiola, ex colaborador de inteligencia militar, entonces director de la Judicial que le ofreció en venta una plaza por 150 mil pesos con facilidades.
         Entregó  la mitad, el resto sería en dos meses, aunque reunió todo con préstamos familiares, pero pasaron semanas y no lo llamaba, por lo que exigió plaza o dinero, a lo que Olivares se negó, por lo que Casique dijo que lo acusaría con García Torres. Desde entonces no supo más de él.
         El 16 de marzo de 2013 invitó a su novia a la discoteca “Mandala” de la zona hotelera, donde tuvo una riña que obligó a seguridad privada a llamar a la Policía Turística, que lo consignó al Ministerio Público por “ultrajes a la autoridad”. En los separos de la Judicial volvió a ver a Olivares Mendiola.
Horas después ¡ya era uno de los “culpables” del multi homicidio de La Sirenita! Antes, Olivares lo sometió a severa golpiza y patadas en la cabeza para obligarlo a aceptar ser líder de Los Zetas de Cancún y haber participado en los hechos. Salió libre del penal de Chetumal, pero fue recapturado el mismo día por el mismo delito, y enviado a Cancún.
Su madre y hermana sostenían que era víctima del entonces director de la Judicial -nombrado por el alcalde Paul Carrillo secretario municipal de Seguridad Pública el 6 de febrero de 2014- por lo que advertían que peligraba su vida en Cancún, donde sufrió atentados en su primera etapa de encierro.
         Su abogada denunció que lo reaprehendieron en base a los mismos hechos, por lo que un juez federal le revocó la formal prisión y ordenó su libertad por haber sido inculpado con su propia confesión, obtenida a partir de torturas, y en mayo de ese año denunció tortura (Expediente 42/2013), pero nunca “caminó”, pese a que ya le habían puesto precio a su “cabeza”.
Paul Carrillo siempre fue  acusado de solapar a Olivares Mendiola, y de colocar en un puesto de alta jerarquía a su propio tío, Leonel Federico Carrillo Castilla, coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de Carga, donde ordenó extorsionar conductores y entregar mayor porcentaje del dinero.
Olivares Mendiola fue tema nacional tras ofrecer una fiesta a familiares y amigos con personal y armamento del Ayuntamiento, pues proporcionó armas oficiales y de alto poder a un menor de edad, a parientes y amigos para disparar como actividad recreativa.
         Ex titular de Averiguaciones Previas y Subprocurador de Justicia con García Torres desde mayo del 2013, Álvarez Escalera siempre estuvo enterado del tema Casique, pero nunca acató instrucción superior alguna, ni tan siquiera cuando se agudizó el problema del narcotráfico en Quintana Roo, que, se asegura, propició su ascenso a Procurador.
En septiembre de 2015, a una semana de su nombramiento, incurrió en desacato al Tribunal Superior de Justicia en una sentencia en favor de Casique, considerado víctima de tortura por organizaciones internacionales, ante la aparente incapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal ordenó ejercer acción penal contra Olivares -entonces subsecretario de Coordinación de las Policías Municipales- por el delito de tortura, en resolutivo que incluía a otros 35 funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría, ministerios públicos, secretarios y policías judiciales.
La resolución surgió a partir de un recurso de queja ante la negativa del MP, Julio César Bonilla, así como del entonces procurador García Torres, en el sentido de dar cauce a la denuncia de Casique Fernández por tortura.
El resto de la historia era de permanente acoso, amenazas y demás “linduras” contra la familia de Casique, quien no podía abandonar el país porque Pech Cen apeló su absolución y se negó a levantarla.
Nos disculpará Usted por el espacio, pero es de esperarse que Carlos Joaquín conozca ahora esta historia para evitar que le cuenten cuentos, ya que, como es lógico, nadie sería capaz de investigar un caso del que está siendo investigado, o se convertiría en juez y parte, como ocurre en Quintana Roo.
PD: El director general de la Comisión de Agua Potable, Gerardo Mora Vallejo, y su gerente en Othón P. Blanco,  Luis Miguel Aguilar Amar, siguen con mostrando su incapacidad en resolver el problema de la falta de presión del líquido en esta ciudad, capital el Estado más turístico del país, ¡pero siguen abriendo nuevos módulos de COBRO y “atención”!
¿Tampoco querrá o podrá intervenir de una vez por todas el recién “cumpleañero” de Informe Carlos Joaquín?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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martes, 12 de septiembre de 2017

 ¡Sangre en los gobiernos de Q. Roo!


                                             Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Ignorados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y del propio Congreso, que no nos invitaron al reciente informe y “Día del gobernador” Carlos Joaquín González por no considerarnos periodistas ni columnistas afines, a través de redes sociales, sin embargo, pudimos confirmar que, en realidad, sólo se trató de un acto protocolario.
         En efecto, este espacio, dedicado a la sociedad -que no al gobierno-, había servido durante más de un año para denunciar graves fallas del naciente sexenio  “del cambio” y los yerros del “gabinetazo” aliancista que se esperaba hiciera mejor las cosas que su negro antecesor priísta, cuyos dos últimos gobiernos condenaron a Quintana Roo a la miseria.
         Derivado de ello, el coordinador general de prensa de Carlos Joaquín, Felipe Ornelas Piñón, al igual que sus antecesores Rangel Rosado Ruiz y Jorge Acevedo Marín, “voz-ceros” de Félix González y Roberto Borge, respectivamente, decidió que 40 años de trayectoria periodística con cuatro libros publicados, no eran suficientes para considerarnos periodistas.
         Ante lo anterior, habíamos decidido no dedicarle ni una sola línea al I Informe, pero una enorme coincidencia entre Félix González y el gobierno de Carlos Joaquín nos obliga a una serie de reflexiones en torno al primer año de éste último en la “silla” del Boulevard Bahía, desde donde está que no cree en nadie, aunque NO con los índices de popularidad que quisiera.
            Verá Usted. Obtenido sin ninguna dificultad de redes sociales, del texto del informe, leído e interrumpido casi obligatoriamente en las pausas en el radiante Centro de Convenciones de Chetumal, se desprenden  similares curiosidades en dos temas, Agua Potable y la Justicia -ya no digamos en materia de seguridad- ¿y sabe Usted por qué? Porque NINGUNO EXSTE.
         Efectivamente. En el primer caso, apostábamos que ese día SÍ habría agua en esta capital por ser “Día del gobernador” y el titular del organismo, Gerardo Mora Vallejo, trataría de quedar bien con el mandatario y de justificar su cargo, pero nos dejó mal: No hubo agua -como la mayor parte del primer año de gobierno- y la presión estuvo para llorar en la mayor parte de Chetumal
           Más curioso aún, Carlos Joaquín NO mencionó para nada el tema del agua potable -seguramente SÍ habrá suficiente en la casa de Gobierno-, no así el tema de justicia, al que se refirió en ocho ocasiones, la mayoría de ellas para referirse a la administración anterior, aunque omitió -suponemos que en forma deliberada- un renglón que lo ha hecho blanco de críticas.
         Y este renglón es precisamente el que propicia la coincidencia entre su gobierno y el del priísta Félix González, cuya ausencia del informe -dígase lo que se diga- era “bola cantada”: El hombre no es muy afecto a las rechiflas o hacer el ridículo, y menos faltando menos de 9 meses para dejar por fin la investidura que le procura fuero e impunidad.
         Quizá ya lo adivinó Usted. La coincidencia entre ex gobernante y gobernador son manchas de sangre, en el primer caso por el asesinato de la joven estudiante cozumeleña Mayra Ayuso Rodríguez, y en el segundo, el de Héctor Manuel Casique Fernández “El Diablo”, ninguno de ellos aclarado suficientemente ni investigado con todas las de la ley, la verdadera ley.    
          Del tema de Mayra Ayuso nos encargaremos de recordarlo luego, pero el más cercano y del que todo hace suponer que quiere olvidar Carlos Joaquín es el de Casique (así, con “ese”), torturado para declararse culpable de la ejecución múltiple del bar “La Sirenita” de Cancún, en marzo del 2013.
Preso tres años y seis meses durante el gobierno de Borge, libre y exonerado en septiembre de 2016, tras lo cual recibió una “disculpa” pública de la Fiscalía General del Estado, fue ejecutado el 8 de junio último por un comando armado en el restaurante “Las Koras”, ubicado en la zona conurbada de Cancún, en el ejido Bonfil.
Prácticamente cinco años después del inicio de la historia, la opinión generalizada es que se trató de un crimen planeado y ejecutado por policías, o ex policías involucrados en el crimen organizado, o bien por agentes a los que no gustaban o temían a las revelaciones del occiso, quien había encontrado en su madre Yaskade Fernández la mejor defensa en medios de información y foros internacionales, ante la falta de apoyo de las autoridades locales.
En aparente defensa de su Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, el gobernador Carlos Joaquín no había hecho ninguna referencia personal ni directa al caso de Casique, por lo que no tenía por qué hacerlo en su informe, cuando lo único que percibió fue el criticable humo del incienso que a cualquier político provoca perder el “piso”. Y él no fue la excepción.
Y eso que apenas el 25 de agosto último, la inconsolable Yaskade Fernández hizo nuevas, indignantes revelaciones sobre la tortura que sufriera su hijo a manos de la policía, encabezados por el polémico ex director de la Policía Judicial (2014), “capitán” Arturo Olivares Mendiola, ex titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún (2015) con el alcalde priísta Paul Carrillo.
Posteriormente, nombrado Subsecretario de la Coordinación de Policías Municipales de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que inventó Borge, pareciera que se lo tragó la tierra, pues ninguna dependencia dice saber nada de él, excepto por una frase que escribió en su muro de Facebook tras la muerte de Casique: “Dios es grande a todos nos da nuestro lugar”, según publicó el portal Palco Quintanarroense.
Durante la nueva, reveladora entrevista, la madre de Casique, de cuya ejecución se intentó inculpar -con una manta que “apareció” del cielo- a la organización de la recién detenida Doña Lety y su hijo El Dober, así como al Cartel de Jalisco Nueva Generación, se desprende nueva muestra de aparente encubrimiento entre la Policía Ministerial de Quintana Roo.
Antes de entrar en materia, cabe señalar que, pese a que los públicos atropellos contra Casique se dieron en el marco de la cuestionada gestión de Borge, lo cierto es que, quiérase o no, Carlos Joaquín no ha demostrado mayor interés en castigar a los involucrados, y prefirió la “cómoda” disculpa pública que ni siquiera se dignó encabezar.
         En efecto, resulta cuestionable que, en el tema de tortura y persecución contra Casique ¡existan 120 involucrados! -inicialmente eran 43-, contra los cuales la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó acción penal en su momento. Pero tras un año de gobierno, Carlos Joaquín parece no estar enterado.
         Entre los primeros involucrados se incluyen Olivares Mendiola, Yahara Martínez Góngora, Monserrat Romero García, Wady Alfredo Constantino Solana, Manuel de Jesús Borges Ricalde, Ernesto Santes Hernández, Jorge Manuel Suaste Echeverría, Alberto Cachón, Luis Miguel Mukul Noh, Gustavo Jesús Vicente Garduño, Jesús Roberto Martínez Góngora, Roberto Santiago Moreno Soto, Josafat Ulises Peraza Díaz, Venancio Cen Hoy, Christian Montenegro Aragón, Aarón Pérez Olguín y Abel Mizraim Huerta Martín.
Asimismo, Benjamín Soto Apolinar, Ernesto Santos Hernández, Jesús Ferral Zamora, José Alejandro Díaz López, Mario Isaías Góngora Reyes, Mario Sánchez Torres, Pablo Huerta Soto, Miguel Flores Herrera, Ricardo Alberto Cachón Salazar, Rafael Ibarra Canché, Víctor Manuel Lara López, Aurelio Suárez Álvarez, Carlos Enrique Ucán Estrada, Edgar Manuel Pérez, Gabriel Denis Ayuso, José Orlando Sanguino Lío, Juan Bautista Núñez Loría, Manuel Audomaro Ramírez Rodríguez y César Manuel Morales Guevara.
         Hasta noviembre del 2015, se habían amparado 17 de 43 acusados de torturar a Casique para declararse culpable del multi homicidio de Cancún, y ninguno de ellos había sido destituido.
         Durante aquella masacre en “La sirenita”, que tampoco resultó aclarada, murieron Manuel Antonio Carrascosa Ferrer, Juan Briceño Villagómez, Nazario Sánchez Flores, Domingo Pérez Aguilar, Olegario Manuel Contreras Gamas, Francisco de Asís Achah Castro y José Luis González Moo, esté último después en el hospital.
Casique había quedado a disposición del Juzgado 4º Penal y salió a la rejilla de prácticas luego de una orden de aprehensión, pero justo cuando obtenía su libertad tras un Amparo, en rápida maniobra de la Procuraduría General de Justicia fue reaprehendido por orden del Juez Cuarto Penal.
Entre su primera y segunda detención sufrió una serie de torturas -ahora denuncia su madre-, que incluyó quemaduras en los testículos y ¡violación múltiple de seis agentes!, primero por parte de Constantino Solana, y luego de Olivares Mendiola, quien estaba “enamorado” de su víctima y pretendía demostrarle que las cosas se harían como él quería.
La violación ocurrió ¡en los propios separos de la Fiscalía de Cancún!, donde los agentes llevaron sogas en varias ocasiones a Casique para provocar que se suicidara, o bien aceptara su responsabilidad, hasta que finalmente, después de tres años y seis meses de prisión, el 26 de septiembre de 2016, un juez le dictó auto de libertad por falta de elementos.
         Según consta en denuncia de 6 tomos, las lesiones por violación fueron certificadas por médicos, pero el entonces Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, dijo que no eran válidos los certificados porque se ignoraba la hora de los hechos.
No obstante, el caso se sometió en dos ocasiones al Protocolo de Estambul, uno por la Comisión de Derechos Humanos y otro por la PGR, donde se certificó que, inclusive, hasta cuatro meses subsistían cicatrices de las lesiones, pero García Torres insistió en que eso “no acreditaba nada”.
         El tema se alarga, y el espacio y tiempo ofenden a nuestros lectores, por lo que, aunque no son iguales a los del Informe de Carlos Joaquín, preferimos seguir mañana con una segunda parte, en la que se involucra en negligencia a otro elemento de la Fiscalía de Miguel Ángel Pech, en este caso Nahum Patiño Arbea, aunque también hablaremos de ese homicidio que provoca relacionar a Félix González con el nuevo gobierno.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

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jueves, 7 de septiembre de 2017

 Gobierno de CJG, ¡cargado de sospechas!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

                                                 “La sospecha, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad.”: Francis Bacon
            Cierto, apenas el mes anterior el columnista Sergio Sarmiento empleó la misma cita que su servidor en su excelente columna “Justicia sin luz”, donde, acertadamente, sin embargo, se refirió al nuevo sistema penal acusatorio de México y sus contras en materia de principio de publicidad, al que, en su momento, necesariamente habremos de referirnos en este espacio.
         A unas horas de que el gobernador Carlos Joaquín rinda su I Informe a los quintanarroenses, en efecto, viene más al caso referirnos a uno de los términos más recurrentes de esa administración aliancista que tanto ilusionó a la población después de más de cuatro décadas de lastimoso dominio del PRI en Quintana Roo.
         En materia, dicho término es precisamente el de sospecha que, definida como creencia o suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales, sugiere que aquélla “está convencido de que una investigación confirmará su sospecha”, aunque el (los) interesado (s) aduzca (n) que la acusación sólo se basa en sospechas infundadas”.
         Lo cierto es que, a raíz de los últimos acontecimientos, el Oficial Mayor de Carlos Joaquín, Manuel Alamilla Ceballos, se convirtió en el principal exponente de sospechas en el gobierno de Quintana Roo, tras la cuestionada adquisición de uniformes escolares que, por más de 104 millones de pesos, benefició a una empresa sospechosamente poblana.
         Que si ofreció la mejor oferta, que si fue legal la supuesta licitación pública o que las empresas locales carecían de capacidad para la maquila de esos que resultaron insuficientes uniformes que más parecen objetos para la publicidad oficial, es otro cantar. El caso es que de más de 30 entidades de todo el país tuvo que resultar beneficiado precisamente Puebla, a cuyo ex gobernador se liga la campaña de Carlos Joaquín.
         Y las cosas no paran ahí, ya que, sumada a otras sospechas a las que haremos referencia más adelante, ahora resulta que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), el empresario Jorge Portilla Manica, también ha abonado para que se siga cuestionando el gobierno de Carlos Joaquín sobre el tema.
         Beneficiado por la madre fortuna desde antes de formar parte del gabinete, el funcionario, quien en las pasadas elecciones aspiró a gobernar el municipio de Tulum de manera infructuosa, también aspira a seguir haciendo negocios particulares -ojo, Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
         En efecto, Portilla Manica habría contratado la construcción de 15 cabañas de madera fina para su racho de Tankah, en el municipio de Tulum, donde las pondría en renta. Desde luego que es variable el precio de fabricación de cada cabaña, aunque el costo promedio sería de 150 mil pesos, nos dicen.
         Curiosa -o sospechosamente- el carpintero que se haría cargo de los trabajos es un conocido chetumaleño –menos mal que no poblano- es padre de un alto ex funcionario priísta de la administración anterior, priísta, por cierto, del mismo partido al que renunció Portilla Manica después que se negara a hacerlo candidato en Tulum, y obligara a postularse por la alianza PAN-PRD.
         Las sospechas del nuevo gobierno del cambio también surgieron a gritos el 8 de agosto último, luego de que, tras una “reñida” votación, el magistrado José Antonio León Ruiz resultó electo por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para lo cual recibió los 12 votos de sus homólogos en ese órgano colegiado.
         Pese a tratarse de un Poder distinto al Ejecutivo, es decir el Judicial, para ese efecto, se habló de reuniones con altos colaboradores de Carlos Joaquín, de alianzas y negociaciones de todo tipo, y aunque el propio León Ruiz salió al paso para desmentir acuerdo alguno, para todo mundo resultó sospechoso que de la anoche a la mañana TODOS se pusieran de acuerdo.
         Lo sospecha más reciente, ahora en el Poder Legislativo, estuvo a cargo de la XV Legislatura, donde las huestes del diputado Eduardo Martínez Arcila también pasaron por encima de las legítimas aspiraciones de una docena de aspirantes para decidir por unanimidad que Manuel Palacios Herrera era el más “idóneo” para ocupar titularidad de la cuestionada Auditoría Superior de Quintana Roo.
         ¡Caramba!, con el “respeto” que me merecen, esa fue la peor burrada de nuestros representantes “populares”, ya que el nuevo funcionario había admitido públicamente –ante ellos mismos- que estuvo enterado de toda la serie de anomalías en el manejo de las cuentas públicas, a cargo de sus entonces jefes Javier Zetina González -primo “incómodo” de Carlos Joaquín y del ex gobernador Félix González- y Emiliano Novelo Rivero.
         ¿Cuál fue el costo político y económico, desde luego, de esa negoción Poder Ejecutivo-Legislativo? ¿Existió realmente? ¿También fue casualidad que, como en el caso del Poder Judicial, TODOS los votantes se pusieran de acuerdo de última hora? Sólo Dios y ellos lo saben, pero todos sospechan de algo “raro”, casi increíble.
         Y conste que los anteriores no son los únicos casos de sospechas en lo que va del primer año de Carlos Joaquín, de ese gobierno del “cambio” que se sigue esperando, aunque ahora tan siquiera con el cambio, pero de colaboradores que han mostrado manifiesta incapacidad para apoyar a quien confió en ellos, o bien los aceptó para el pago de sus “facturas” de campaña.
         Lamentablemente para Quintana Roo la más onerosa de éstas tiene nombre y apellidos, aunque los quintanarroenses también se encargarán de él en 2018: El poblano Rafael Moreno Valle, desde luego si los panistas terminan por postularle candidato para la Presidencia de la República.

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