martes, 21 de noviembre de 2017

 ¡Sospechoso “premio” a Carlos Joaquín!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En una aparente burla, estrategia para desviar la atención o intento de apoyo político con miras al próximo proceso electoral, ahora resulta que el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, es el mejor gobernador del 2017, por lo menos para el desconocido Grupo Valores entre los quintanarroenses.
         En efecto, como seguramente, al igual que nosotros, se habrá enterado de esa inusitada nominación a través de las redes sociales, donde circuló profusamente la noticia desde el jueves último, el Jefe del Ejecutivo de la entidad recibió ese reconocimiento, irónicamente, lejos de Quintana Roo y lejos del sentir de los quintanarroenses: En la capital del país.
         Y es que, cabe aclarar, esto no significa que el aliancista PAN-PRD sea o no el mejor o peor de los gobernantes del país, pero, caray, en todo caso creemos que deberían ser precisamente los quintanarroenses los que calificaran su trabajo, ya que, por principio de cuentas, son los únicos que podrían constatar y calificarlo.
Por otro lado, tampoco podemos calificarnos pro o anti “joaquinistas”, pero lo cierto es que desde un principio nos dio mucho que pensar la selección del gobernante como el mejor de todo el país, por encima de los otros 31 mandatarios, y no porque alguno de ellos sea realmente “el mejor”, sino porque hacer un nombramiento de esa naturaleza requiere de mucho trabajo.
         Seguramente no pocos “joaquinistas” se habrán congratulado con ese galardón para quien apenas días antes había sido cuestionado como el aparente “rey de los gastos”, como seguramente no pocos se habrán indignado, inclusive rasgado las vestiduras en un afán de reclamo, principalmente los opositores priístas.
         No obstante, en uno y otro caso, y aunque suene absurdo, ambos tienen la razón, como la tienen todos los quintanarroenses, ya, repetimos, en todo caso, se les debió consultar previo a informar con toda pompa que Carlos Joaquín era “the best”, al menos para sus premiadores.
         Para todo esto, conste que, aunque parezca mentira, todo hace suponer que, curiosamente, el menos “culpable” es el mandatario, quien gustoso acudió a la metrópoli a recibir el trofeo. Era lógico que lo aceptara, ya que, al menos políticamente, hubiera sido de mal gusto rechazarlo.
         Y hete aquí el quid del caso, ya que seguramente sobrarán los que opinen que, de ser más honesto, Carlos Joaquín hubiera hecho mutis y aparentar que no había pasado nada, o bien declarar que sus paisanos eran los indicados para calificar su gestión, ya que sería ingenuo suponer que le habrían calificado otra cosa.
         Lo cierto es que, según crónicas, su comentario fue: “El camino es arduo, el compromiso mayor, dar tranquilidad y crecimiento a Quintana Roo. Nos esforzamos por alcanzarlo y ofrecer más oportunidades para todos. Los premios son un aliciente para esforzarse más y ser mejores. Gracias a la Revista y Grupo Valores por reconocer a Q. Roo”.
Conforme las publicaciones, la Revista y Grupo Valores realizó el evento “para reconocer la trayectoria y labor de personajes de renombre en el país”, por lo que ellos entregó 10 galardones, entre otros para el titular de la Delegación Gustavo A. Madero de la ciudad de México, Víctor Hugo Lobo; y el alcalde de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del Villar.
Durante el evento, el periódico capitalino Excélsior también recibió el Premio de manos del socio director de la Revista, Alberto Legorreta, quien explicó que estos reconocimientos se otorgan con base al respaldo de las personas a través de las redes sociales a empresas socialmente responsables, políticos cercanos a la gente y medios con trayectoria.
La encargada de recibir este Premio fue la subdirectora Editorial de Excélsior, Fabiola Guarneros, quien valoró el trabajo periodístico del rotativo, que cumplió 100 años, “que ha dado testimonio del devenir de México y el mundo en el último siglo”.
Por su parte, Alberto Legorreta comentó que, con siete años de trayectoria, consideró a la gente, al vox populi, a través de las redes sociales, para elegir ternas o alternativas de premios, “y con esta innovación de los millennials, de la generación millennials, tuvimos a bien convocar a la entrega de premios, de galardones”.
Con todo, la designación de Carlos Joaquín no deja de ser polémico para la clase política local, que, con justa razón, cuestiona que una revista -sí, leyó Usted bien-, una revista que ni siquiera se edita en Quintana Roo, califique el desempeño del gobernador de todo un Estado, lo que a cualquiera obliga a la sospecha,
La intención de abordar este tema es poner en CONTEXTO lo que para la mayoría de la población fue sólo una noticia, y nada más, ya que obtener un premio de esta especie pareciera tan sencillo como los Honoris Causa que entregan algunas instituciones previo pago de una “colaboración”.
    No estamos diciendo que ese haya sido el caso de Carlos Joaquín, pero es sumamente extraño que una revista, extraña para los quintanarroenses, realice un reconocimiento al mandatario, obviamente para buscar aumentar el capital político de éste, que no para otra cosa ¿O sí?
Para quienes nunca han leído la revista -suponemos que muy pocos la conocen-, todo hace suponer que opera a través del sistema de franquicias, ya que se promueve con este anuncio: “¿Te gustan los negocios, la política y el periodismo? ¡Tú puedes adquirir la franquicia Valores en tu Estado!
Con columnistas de la talla de Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos en México, apunta que es la “primera Revista en México, cuyos contenidos buscan mostrar lo mejor de nuestro país, destacando los valores que nos identifican como mexicanos”.
Su publicidad, asegura, será vista por los más de 45 mil lectores de nuestra versión impresa y los miles de seguidores de nuestra edición digital (redes sociales y sitio web)
Concluye que “nuestra revista se distribuye en universidades públicas y privadas, Cámaras empresariales, Cámaras de diputados y senadores”, así como en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ahora Congreso de la Ciudad de México; jefaturas delegacionales de ésta, embajadas, aeropuertos, restaurantes y cafeterías de prestigio del área metropolitana.
¿Será que los más de 1.5 millones de habitantes de Quintana Roo comulguen con la misma idea de Alberto Legorreta y su revista? ¿Será que los habitantes de los demás Estados restantes también? O la metodología de ésta será la diferencia.
En este sentido, verá Usted, según la encuesta nacional de Gabinete de Comunicación Estratégica, los gobernadores de Yucatán, Durango y Sonora,  en este orden, resultaron los mejor evaluados, en contraste con los de Morelos, Tabasco y Guerrero, que menos confianza generaron.
Con esto, el mandatario priísta yucateco, Rolando Zapata Bello, habría mantenido su posición como el mejor gobernador de México.
Desde nuestro particular punto de vista, en el caso de Quintana Roo sería una simple contraprestación en pago de favores por la compra de publicidad del gobierno, obvio, para que Carlos Joaquín, ante las cada vez más inminentes elecciones del 2018, busque recuperar el capital político que gozaba hasta antes del inicio de su gobierno.
Hasta ese entonces, todo era esperanzas para un “cambio” que no termina de llegar.
¿Se imagina Usted qué diría Carlos Mimenza ante el premio? ¡Una serie de insultos y ofensas!
Y preguntamos a los “colaboradores” de Carlos Joaquín -léase Felipe Ornelas- ¿por qué exponer a su jefe a estos riesgos? Juzgue Usted, respetable lector.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 luancaba.qroo@gmail.com                 
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martes, 14 de noviembre de 2017

Carlos Joaquín, ¿rey de los gastos?


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Prácticamente acostumbrados a los cotidianos escándalos políticos de Quintana Roo desde el inicio del mandato del gobernador “aliancista” PAN-PRD, Carlos Joaquín González, este lunes despertamos con uno nuevo que, dado su contenido y sugerencia de su presentación, obligan a pensar en el mandatario como “el rey de los gastos en viajes”… o de los vuelos.
         En revelador video de YouTube, titulado como “segunda entrega de la investigación especial realizada por el equipo de Mientras Tanto en México sobre los gastos excesivos de los gobernadores mexicanos”, se informa sobre el indignante gasto del jefe del Ejecutivo por la vía aérea, que el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, intentó “justificar”.
         Como precedente del estallido del escándalo del revelador video, que en un abrir y cerrar de ojos se hizo viral en las redes sociales, circuló una información un archivo que, con fotografías de los involucrados, expresa que los gobernantes mexicanos gastan millones de pesos en viajes que -ya lo adivinó Usted-, encabeza precisamente Carlos Joaquín.
         En este sentido, la información aclara, justamente, que pese a tratarse de información pública, sólo 17 de los 32 gobernadores respondieron sobre sus gastos en viajes, mientras que los demás se limitaron a responder que carecen del registro de esa información, o simplemente ignoraron la pregunta.
Así, dice que los gobernadores que más han gastado en ese renglón son Carlos Joaquín, José Ignacio Peralta Sánchez (PRI-Colima) y Francisco Vega de Lamadrid (PAN-Baja California), mientras que los que menos gastan son Juan Manuel Carreras (PRI-San Luis Potosí), Alejandro Moreno Cárdenas (PRI-Campeche) y Miguel Ángel Mancera (PRD-Ciudad de México)
Por otro lado, incluye entre los que más viajaron a Héctor Antonio Astudillo Flores (PRI-Guerrero), Moreno Carreras y Silvano Aureoles Conejo (PRD-Michoacán); y entre los que menos viajaron a José Aristóteles Sandoval Díaz (PRI-Jalisco), Francisco Domínguez Servién (PAN-Querétaro) y Rolando Zapata Bello /(PRI-Yucatán)   
         Al continuar con el tema, el video denuncia que, en los últimos 6 años, 15 gobernadores gastaron 67 millones 542 mil 926 millones de pesos en viajes entre todos, pero tan sólo Carlos Joaquín habría gastado más de la mitad que todos juntos, ya que de enero al primero de junio su gobierno habría erogado poco menos de 41.1 millones, pese a que al asumir el 25 de septiembre de 2016 se presentó como “una esperanza”.
Y es que, entre otros, el ex gobernador Roberto Borge habría desviado 2 mil millones, despojado terrenos y rematado parte del patrimonio de Quintana Roo, pero, cuando fue detenido en junio, Carlos Joaquín, recuerda el video, dijo que sólo era un paso y que era hora que los funcionarios rindieran cuentas y cuidaran el patrimonio de los quintanarroenses.
La conductora califica de irónico que, en su momento, la victoria del “aliancista” hubiera sido muy celebrada, pese a que, hasta 12 días antes de ser candidato PAN-PRD, el mandatario militaba en las filas del PRI.
Conforme a información de la Secretaría Particular de su gobierno, el Estado habría comenzado a pagar los viajes de Carlos Joaquín -aéreos todos, of course- desde enero de 2017, y hasta junio último viajó en 132 ocasiones, con lo que sumó 420 horas de vuelo, por las que pagó 41 millones 88 mil 845 pesos, o sea cada hora en avión le costó 97 mil 830 pesos, y cada viaje 311 mil 279 pesos.
Pese a que, con los costos, pareciera que viajó hasta el fin del mundo, lo cierto es que “no fue tan lejos”, ya que sólo efectuó un vuelo internacional, a Miami, Florida, mientras que el resto fueron nacionales, casi todos al interior del Estado, por lo que la pregunta obligada es ¡Por qué salieron tan caros los viajes? 
Y conste que la duda también asalta a todos tras las deducciones pitagóricas, ya que los 311 mil por cada viaje resultan siete veces más caros que el vuelo comercial más caro en el país, con destino a Miami, por ejemplo, un vuelo redondo en primera clase en Air Lines y plena temporada navideña.
Lo cierto es que la comparación más indignante surge cuando vemos que, un quintanarroense con un salario promedio que, según el Coneval, es de 7 mil 646 pesos en el Estado -¿de dónde habrá sacado las cifras?-, tendría que trabajar 333 años para pagar los vuelos del gobernador, aunque, si ganara el salario mínimo general, serían mil 406 años.
La investigación de “Mientras Tanto en México” pregunta en qué gastó el dinero el gobierno de Carlos Joaquín, y reseña, entre otros, su asistencia a la inauguración de un palco de béisbol en Cancún, el de año del Estadio de Cozumel y una comida del Día de las Madres; se reunió con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; asistió al informe del último año de gobierno de su amigo de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como al torneo de golf de Cancún “Ciudad de la Alegría”.
A este paso, concluye, Carlos Joaquín habría gastado al final de su sexenio, tan sólo en vuelos, 451 millones 977, 295 pesos, es decir una cuarta parte del dinero que, entre otros, habría desviado el priísta cozumeleño Roberto Borge. He aquí el video con la información-denuncia
Según Vergara Fernández, los gastos por los vuelos “del gobierno de Quintana Roo” incluyen el pago de pasivos que heredó la administración anterior por más de 23 mil horas de vuelos privados, contratación de servicios para el traslado de reos, atención médica de emergencia, vigilancia territorial y vuelos para la actualización catastral por fotogrametría.
Al tratar de “justificar” los excesivos gastos, dijo que había “aclarado” en entrevista que los gastos no son exclusivamente por vuelos efectuados por el Jefe del Ejecutivo, además de que “gastamos menos de la mitad, y con un dólar mucho más caro”.
La administración pasada, considera, gastaba casi 200 millones de pesos en 12 meses en vuelos privados; el tipo de cambio del dólar era mucho más bajo al actual, lo que les representa un incremento del 53% por la fluctuación del dólar, ya que esos servicios se cotizan en dólar americano, pese a lo cual “gastamos menos de la mitad que la administración pasada” porque hoy los vuelos son estrictamente para uso oficial, ninguno de placer como anteriormente.
Concluye que en la administración de Carlos Joaquín la información es pública y transparente.
Aunque preferiríamos que Usted fuera el mejor juez, ¡caramba! cuesta trabajo pensar que el “gobierno del cambio” trate de justificar el millonario gasto con el consabido “ahora gastamos menos que el gobierno anterior”, o bien que se trate de pasivos heredados, sean de quien sea, ya que, en todo caso, lo que se debió hacer es ¡ahorrar!
¿Dónde queda, pues, la supuesta política de austeridad a la que se pretende obligar…pero sin educar? ¿Es que a raíz el accidente de sus escoltas en Carrillo Puerto ha orillado a Carlos Joaquín a evitar transportarse por tierra? O es que, como bien se denuncia, se trata de una aparente “inflación” de gastos.
Y conste que el término “inflación” empleado no es el del factor de la economía, sino del verbo “inflar”, en este caso… gastos… ¡siete veces más!
El resto del análisis se lo dejamos a Usted, amable lector, y las explicaciones, a quien o quienes corresponda.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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miércoles, 8 de noviembre de 2017

Charito, ¡otro “gol” a Carlos Joaquín!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como si no estuviéramos acostumbrados a las sorpresas e imposiciones impopulares del PRI, a los quintanarroenses nos cayó como balde de agua helada el nombramiento de la chetumaleña Rosario Ortiz Yeladaqui como nueva delegada de una de las dependencias más políticas del país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
En efecto, cuando todos suponíamos que las aguas alcanzaban su nivel o, como decía el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, “que se asentara la lejía”, el presidente Peña Nieto envió un claro mensaje al mandatario Carlos Joaquín González, en el sentido de que aún le resta un año -lamentablemente para todos los mexicanos- al frente de la maquinaria política priísta.
Tal y como supondrá la mayoría de la clase política del Estado, el nombramiento de la política, conocida en su círculo cercano de amigos como “Charito” o “La Negra”, también implica que el gris ex gobernador Félix González sigue influyendo en la política local y quiere seguir gozando de la impunidad que hasta hoy le permite su fuero como senador.
Otra “lectura” del nombramiento es que el PRI no le facilitará las cosas al gobierno de Carlos Joaquín en las próximas elecciones del 2018 y que, diga lo que diga –el papel aguanta todo- de ninguna manera “blindará” Peña Nieto a la Sedesol para evitar su acostumbrado uso de programas sociales para presionar al voto, inclusive con la compra directa de éste.
Por si fuera poco, la experiencia del nombramiento del ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, como nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), apenas el 8 de marzo último -en lugar de Raúl Omar González Castilla-, permite corroborar la pretensión de Félix González de proteger a sus amigos de la ley.
Para nadie es un secreto que Marrufo Martín fue pieza clave de su paisano ex gobernador como Secretario de Finanzas, desde donde planeó el primer millonario endeudamiento de Quintana Roo en más del mil por ciento, tras lo cual Félix González lo convirtió el diputado local, responsable, entre otros, de avalar los empréstitos.
(El segundo sobreendeudamiento de las finanzas públicas corrió a cargo de Roberto Borge, quien lo hizo llegar hasta 23 mil millones de pesos, mientras que el tercero -nos estamos especializando en romper récords- está en los “haberes” de Carlos Joaquín, quien prácticamente duplicó la cifra)
Como regalo de despedida, el ex gobernador cozumeleño pidió a su sucesor, paisano y “cachorro” Roberto Borge hacerlo alcalde de Cozumel, donde, como priísta acostumbrado a las mañas, Marrufo Martín impuso como candidata del PRI para sucederle a su esposa Gina Ruiz Chávez, hermana de la diputada federal Sara Latife Ruiz, pero resultó derrotada por la coalición PAN-PRD, que postuló a Perla Tun.         
Lo cierto es que algo similar pretende el ex mandatario con la “maestra” Rosario Ortiz -¿de dónde habrán sacado el título?-, quien también fue clave durante su mandato, ya que fungió nada menos que su segunda de a bordo como titular de la Secretaría de Gobierno (2006), donde aquélla permaneció hasta el 22 de enero de 2009, cuando la convirtió en candidata del PRI para diputada federal por el II Distrito.
Relevada por la actual delegada del ISSSTE, Cora Amalia Castilla Madrid, nuestro personaje permaneció como legisladora federal hasta el 6 de abril de 2011, cuando solicitó licencia de la Cámara tras ser designada titular de la Oficialía Mayor del gobierno por Roberto Borge, y la relevó su suplente Luis García Silva.
Al igual que Marrufo Martín, el nombre de la nueva funcionaria federal, quien fuera presidenta municipal de Othón P. Blanco entre 1990 y 1993 -en relevo de ¡su hermano Efraín Ortiz!-, se incluye en las investigaciones de la Fiscalía General, y más aún por el escabroso tema Comisión de Agua Potable y Alcantarillado-Aguakán.
Diputada Local por el I Distrito durante la X Legislatura del Congreso (2002-2005) y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Rosario Ortiz está en el escándalo por la “desaparición” de los mil 050 millones de pesos que la empresa Aguakán entregó a la CAPA por la concesión del servicio en Playa del Carmen durante el periodo de Roberto Borge.
Según el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, CAPA entregó el recurso a esta dependencia cuando Juan Pablo Guillermo estuvo al frente, aunque otros negocios similares afectan al Estado, entre estos la privatización del agua en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad, los cuales trascendieron después de salir a la luz pública documentos que sólo conocía algunos funcionarios.
Los mejores ejemplos son los “negocios” de ampliación de la concesión del servicio del agua potable en Isla Mujeres y Benito Juárez, y la privatización en Solidaridad, todos a favor de Aguakán, y con vigencia hasta 2053, ya que Roberto Borge vendió a la empresa el futuro de esos municipios. Hasta hoy se desconoce el monto total del dinero recibido.
No obstante, en documento dirigido al “Gobierno del Estado”, aparecen las firmas de José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley, apoderados legales de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como “Aguakán”, que avalaron los ex secretarios de Desarrollo Urbano (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como la ex titular de CAPA, Paula Guadalupe González Cetina, y la entonces oficial mayor, Rosario Ortiz.
Curiosamente, la nueva delegada fue suplente en el Senado de la panista y ex priísta Addy Joaquín Coldwell (2000-2006), hermana del gobernador Carlos Joaquín, aunque también fungió como directora del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (INFOVIR) hasta 2006, cuando Félix González la colocó al frente de la Secretaría de Gobierno.
 Ante tales credenciales, nadie duda que Rosario Ortiz, tal y como diría nuestro amigo Carlos Cardín Pérez, sea una de las mejores cartas del priísmo quintanarroenses, aunque la pregunta obligada es si es la mejor carta de TODOS los quintanarroenses, o sólo del PRI, ya que lo que más tenemos son precisamente profesionales bien preparados que, lamentablemente, ante la falta de oportunidades en Quintana Roo, se han visto obligados a emigrar.
¡Dichosos los poblanos! ¿Habrá quintanarroenses trabajando en su tierra…, por lo menos panistas?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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lunes, 6 de noviembre de 2017

¡Costoso “anti nativismo” de CJG!


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Increíblemente ignorado por la mayoría de la población, e indiferente para las autoridades, una situación queda cada vez más clara tras el reciente curso en materia laboral que, como parte del Diplomado sobre Juicio de Amparo, imparte a los Abogados la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La desprotección jurídica de las policías.
         En efecto, pese a los cada vez más recurridos -pero cuestionados- derechos humanos que, al menos en teoría, debiera procurar igualdad jurídica para todas las personas, lo cierto es que, por lo menos en el caso de las policías, la legislación mexicana es cada día menos pródiga para salvaguardar su dignidad y derechos.
         Cierto que los agentes forman parte de una de las instituciones más desacreditadas del país en todos sus ámbitos, pero, quiérase o no, también son personas y, por lo mismo, debieran contar con los mismos derechos constitucionales que todos, y más en el ámbito laboral.
         No obstante, pocos o nadie se ha atrevido a tomar al toro por los cuernos, vaya ni siquiera la propia Corte o el Congreso de la Unión, pese al concepto de igualdad de derechos humanos que impone la Carta Magna, particularmente a raíz de sus recientes reformas, que obligaron a la SCJN a instaurar su Décima Época jurisprudencial.
         Las palabras de nuestra ponente, la Maestra en Derecho Melva Idalia Priego Jiménez, no dejaron la menor duda: “La ley prevé que los policías se rijan por sus propias leyes”, pero éstas son de tipo administrativo y, por lo mismo, al menos en el caso de la Ciudad de México, se resuelven a través de los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
         Así, carecen de acceso a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás derechos que prevé la Ley Federal del Trabajo en los Apartados A y B de la Constitución, el primero de ellos para empleados federales, discriminatorio por cierto -en nueva violación a los Derechos Humanos- para “los demás trabajadores”.
         Una de las principales irregularidades en el tema de los policías lo constituye el despido injustificado que, conforme a las leyes administrativas, en caso de demostrarse, sin embargo, no permite su reincorporación al servicio -como en otro empleo “común”-, sino una indemnización.
         Y conste que irregularidades como ésta son recurrentes, por ejemplo en su falta de derecho a huelga, o bien agruparse en torno a un sindicato, previstos en el Artículo 9 constitucional: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
Hasta donde se sabe, el coahuilense Armando Luna Canales es el único legislador federal que ha planteado el reconocimiento de derechos laborales para los cuerpos de seguridad, y sugiere modificar la Constitución, por lo menos para crear uniones, aunque reconoció que, ante la naturaleza de su función, no tendrían derecho a huelga.
Para ese efecto, plantea agregarle un Apartado “C” al Artículo 123, donde, así como existen condiciones en el “A” para todo tipo de trabajos, y en el “B” para los trabajadores del Estado, regularía áreas de seguridad e incluiría a policías municipales, estatales y federales; peritos y Ministerios Públicos.
A falta de derechos laborales, los agentes no pueden asociarse ni exigir derechos, como otros que anualmente revisan condiciones laborales, lo que, como hemos visto, ha obligado a aquéllos a realizar paros que, sin embargo, generalmente culminan en represalias.
Ahora bien, a todo esto ¿qué dice la SCJN? Apenas el 13 de mayo de 2016, por 9-2 votos, rechazó que policías, ministerios públicos, militares o miembros del Servicio Exterior Mexicano puedan sindicalizarse o realizar actividades de organización laboral, como huelgas y tener los mismos derechos laborales que los trabajadores al servicio del Estado.
Así, reprobó un proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz, que postuló que la relación de policías, militares y otros cuerpos de seguridad con el Estado deba considerarse de naturaleza laboral, y no administrativa, como la clasificó el Poder Judicial hace más de 20 años.
No obstante, la Corte consideró válido un artículo de la Ley de Tlaxcala que sanciona remover policías “por asociarse, formar parte o intervenir en sindicato”, ya que, una cosa es que los excluya, y otra permitir que los Estados puedan limitarlos, aunque el ministro Jaime Laynez Potisek consideró inconstitucional asociarse para reclamar derechos laborales o administrativos.
La ministra Margarita Luna Ramos, por su lado, opinó que el objeto de un sindicato siempre ha sido lograr beneficios y pelear cuestiones de carácter laboral, por lo que se pueden formar parte de sindicatos o agrupaciones para reclamar derechos o presionar en cuestiones de servicio o funciones, pero no con la palabra “asociarse”, que pueda tener otra connotación.
Ante este panorama se prevén continuas, estériles pugnas al interior de las corporaciones, como en Quintana Roo, tal y como ocurrió hace unos días, ante la pasividad del gobernador Carlos Joaquín en colocar gente de otros Estados en cargos directivos y desplazar a quintanarroenses, lo que hace unos días provocó problemas en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4)
El caso es que hace un año el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, dio posesión como coordinador de los C-4 ¡al poblano José Antonio Mendoza Ramírez! -¡qué casualidad!, ¿verdad?-, quien había fungido como director operativo del área en esa entidad, y como coordinador general de Información y Análisis, en Chiapas.
Al igual que recién ocurrió con el nombramiento de la yucateca Aída León Canto como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General, se contravino el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo, que prevé que para ocupar cualquier cargo de titular y cargos medios se debe contar con residencia efectiva no menos de cinco años.
Esto incluye los cargos de Subsecretario, Director General y de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, de la administración pública central, y sus equivalentes en la paraestatal, independientemente del nombre del puesto.
Además de Mendoza Ramírez, también se nombró subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a Juan Alberto Montoya Aguado, quien fuera director del Centro de Readaptación Social ¡de Almoloya!, y antes de venir a Quintana Roo era asesor de seguridad pública ¡de Guerrero!, como encargado de la Unidad de Asesoría, Políticas y Alertamiento.
Lo cierto es que, a un año de distancia, como era de esperarse, los trabajadores del C-4 sólo pueden protestar anónimamente contra Mendoza Ramírez, cuyos abusos dicen no soportar y hacen públicos sus atropellos,  prepotencia y hostigamiento, amén de que a la mayoría la tiene amenazada con no renovar su contrato.
Así, presiona a las féminas a ceder a insinuaciones y acosos, mientras a los demás les exige hacerse de la “vista gorda” ante sus atracos de contratar amigos con elevados sueldos, mientras despide injustificadamente, o bien realiza viajes de placer al extranjero con su cómplice Alejandro Espinoza (a) “Pilillo”.
         Puntualizan que, con el pretexto de comprar tecnología, viaja a Sao Paolo, Brasil, Chicago, Illinois, Francia, Los Ángeles y Argentina, en tanto cobra dádivas a proveedores de equipo y tecnología. “A ver  cuántos viajes siguen y qué otras partes del mundo conocerá ahora”, dicen.
Por si fuera poco, cada determinado tiempo trae a su familia de la Ciudad de México para pasearla por todo el Caribe con recursos de la Secretaría, o bien viaja frecuentemente a visitarlos con viáticos de la dependencia y se llena los bolsillos con sus negocios con las empresas de Espinoza, y otras como Estratel, Seguritech, entre otras.
         -Todo mundo sabe que ni siquiera pasó sus exámenes de control y confianza, pero presume ser gente del gobernador, y que es su jefe directo, ya que ha corrido a varios para meter a políticos que utilizarán en las próximas campañas, afirman.
         Los denunciantes dicen temer por su trabajo y ser padres, pero estar hartos de tanto abuso, pero no querer que sigan los acosos, humillaciones y violación de sus derechos, por parte del coordinador y su gente, que cobran sueldos preferenciales y se reúnen en casas de campaña, listas para las próximas elecciones.
         Entre las últimas irregularidades de Mendoza Ramírez, los obligó a firmar documentos donde deshizo sus derechos como trabajadores, dividió las vacaciones en dos periodos de 5 días, pese a que la ley prevé 10 seguidos, y les hizo firmar una carta de confidencialidad que le da “derecho” a revisar sus propiedades, incluso después de dejar de laborar en la Secretaría.
 Lo anterior, con el pretexto del requisito de una certificación que pidió la empresa “Compecer”, pero “se siente tan seguro como coordinador, que no envía copia de sus oficios a nadie, ya que repite que su jefe es Carlos Joaquín, y depender directamente de él”, mientras uno de sus principales padrinos y patrocinadores es el asesor del mandatario, Juan de la Luz Kanfachi.
“Casualmente” en Puebla, agentes de la Policía Auxiliar estaban siendo enviados en mayo último a la zona del “Triángulo Rojo” para combatir el robo de combustible, pero sin armamento y equipo necesarios, en momentos que, pese a sus malas condiciones laborales, se suspendió de último momento una protesta debido al resquebrajamiento de grupos.
Ese día estaba programada la protesta en sus instalaciones de San Pablo Xochimehuacán, a un lado de la carretera a Tlaxcala, pero no todos se atrevieron a llegar, por lo que se desistió.
Elementos con anonimato, denunciaron, que con un sueldo de apenas 3 mil 500 pesos, estaban literalmente mandando “a la guerra” a 150 policías sólo con una escopeta y para permanecer por lo menos 24 horas.
El tipo de protestas de policías es diverso, pero, invariablemente, reprimidas, ignoradas y a veces objeto de burlas ¡Y hasta criticadas!
Así las cosas, en tanto se legisla para la igualdad de derechos laborales policías-trabajadores, ¿existe alguna duda sobre cómo terminará el conflicto del C-4, si es que no se ha “resuelto” como todos imaginamos? ¿Aprenderá Carlos Joaquín la lección sobre el desprecio a los quintanarroenses en la contratación de fuereños? ¿Hasta cuándo le seguirá pagando “facturas” políticas al ex gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)


*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

martes, 31 de octubre de 2017

¡Estalla escándalo por “ahorros”!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En lo que hasta hoy podría considerarse como el destape de la peor cloaca del periodo del ex gobernador priísta Roberto Borge Angulo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) incautó el viernes último en Cancún mil 500 cajas de valores rentadas a la empresa First National Security, donde la PGR había intervenido el 9 de octubre.
         La noticia levantó los más varios comentarios en redes sociales, uno de ellos sobre la aparente ilegalidad del operativo de este fin de semana, sobre el cual, como era de esperarse, provocó también airadas reacciones entre los diputados federales de Quintana Roo, electos, coincidentemente, durante la gestión del ex gobernador preso.
         Y es que, irónicamente, entre los propietarios de las cajas aseguradas figuran otros funcionarios del ex mandatario, cuyas millonarias propiedades indignan a los habitantes de esta entidad, sospechosamente empobrecida durante la anterior administración, y la que le antecedió con el también priísta cozumeleño Félix González.
         Con todo y los reclamos de algunos medios y los propios legisladores, encabezados éstos por el priísta José Luis “Chanito” Toledo Medina, la PGR informó que el operativo provino legalmente de una orden de cateo.
         En este sentido, confirmó que, derivado del trabajo conjunto con la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina, obtuvo la orden del Juez en turno Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, mediante la cual se aseguró ese inmueble, dedicada al resguardo de valores.
Puntualizó que las cajas de seguridad ubicadas al interior del edificio “se abren en el mismo sitio”, y que se revisará su contenido para determinar si existen indicios asociados a ilícitos penales, aunque, una vez concluido su análisis, se determinará el destino de los objetos, y los bienes que no guarden relación con la investigación se devolverán a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico.
Durante el cateo del día 9 había dudas, ya que primero se dijo que se aseguraron cajas de seguridad de Borge, y más tarde, de la presunta narcotraficante Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña Lety”, aunque por la noche el administrador de la empresa, Santiago Ancona, a través de la firma de abogados Andrade y Andrade, interpuso un Amparo ante el Juez Séptimo de Distrito para evitar el aseguramiento de todo el inmueble.
Con el crédito que merece, el portal Staff Sol Quintana Roo fue el único que publicó la versión más completa sobre el aseguramiento de lo que califica como “parte de lo saqueado” durante el periodo de Borge, aunque quienes defienden una versión diferente muy probablemente estime que se trate de “ahorros” de conocidos personajes de Quintana Roo.
Entre éstos se incluyen el ex titular de la Sedesol, Fabián Vallado Fernández, y el padre de éste, Gino Vallado; Remberto Estrada Barba y Paúl Carrillo y Cáceres (alcalde de Cancún y su antecesor); Roberto Borge Martín y Mariana Zorrilla Erales (padre y ex esposa del ex mandatario); Omar Fabián Giacoman Alborta, Juan Pablo Guillermo, Jorge Acevedo Marín, Isaías Capeline Lizarraga, Agustín Lara Souza (Tacón), Eliezer Villanueva Lanz, “hermanas Eljure”; Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, así como sacerdotes, empresarios, escoltas y dueños de medios de comunicación.
Conforme al extenso reportaje de Staff Sol Quintana Roo, con el aseguramiento de cuatro cajas de seguridad relacionadas con “Doña Lety”, surgieron nombres de cómplices de ésta y posibles prestanombres de Borge.
Dos de las cajas pertenecían a la ex policía federal, supuesta líder del narcotráfico en Cancún, conocida también como “La 40”, y las otras, a Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado del ex mandatario, aunque la única beneficiaria del contenido es Mariana Zorrilla, ex presidenta del DIF-Estatal durante la gestión de Borge.
Examinadas las cajas, no sólo encontraron valiosas joyas y fuertes sumas de dinero en pesos y dólares, sino documentos con infinidad de nombres involucrados con Borge como cómplices del saqueo al Estado y sus testaferros para el “blanqueo” del dinero, o bien relacionados con la mujer, que por casi 5 años habría controlado el tráfico de drogas en Cancún.
Ante estas circunstancias, otro juez penal otorgó diversas órdenes de cateo en la empresa, enclavada en pleno centro de Cancún, derivadas de la carpeta de investigación fed/seido/ueidcs/pue/000740/201 de la PGR de Puebla, donde está recluida Leticia Rodríguez.
Sin embargo, en esta segunda ocasión, entre el viernes y la madrugada del sábado, no sólo se aseguraron unas cuantas cajas, sino las mil 500, donde surgió infinidad de nombres de encumbrados personajes de la política, clero, sector empresarial, ex colaboradores de Borge y ex Voceros, muchos de ellos sobradamente conocidos y muchos desconocidos, por lo mismo objeto de acuciosas investigaciones para deslindar responsabilidades.
En el caso de Mariana Zorrilla, aparece como dueña de varias cajas, pero a nombre de sus escoltas, y ella como única beneficiaria.
También figuran Capeline Lizárraga, ex titular de Gobernación ejecutado a fines de sexenio; Lara Souza, ex director de Recursos Materiales con Borge; Eliezer Villanueva, uno de los principales operadores de éste y su esposa Violette Eljure, así como toda su familia política; el ex alcalde perredista de Cancún y actual dirigente del Partido Encuentro Social, Gregorio Sánchez; Víctor Viveros Salazar, ex director de Gobernación; el ex asesor Omar Giacomán; y el ex alcalde de Cancún, Carlos Canabal Ruiz.
Asimismo, aparecen el ex vocero de Félix González y ex director del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con Borge, Jorge Acevedo Marín;  y Paul Carrillo, dicen que propietario de unas 25 cajas, por cada una de las cuales pagaba 4 mil pesos mensuales,  mientras Vallado Fernández y Borge Martín, poseen seis cada uno, lo que implicaría pagar 24 mil pesos mensuales.
“Sorpresivamente”, también figuran como clientes de cajas el obispo Pedro Pablo Elizondo y otros sacerdotes; empresarios cancunenses y extranjeros.
El caso de Vallado y Lara Souza guarda especial importancia, ya que tendrían como encomienda cuidar al ex gobernador y la familia de éste, además de cubrir los gastos de su patrón para toda clase de lujos, comodidades y seguridad.
Sobre Mariana Zorrilla se dice que colecciona caballos pura sangre que guarda en el hipódromo de Las Américas de la Ciudad de México, y aunque Marrufo Trejo aparece como dueño de varias cajas, en todas figura ella como única beneficiaria con acceso.
El reportaje recuerda que este último, al que se ha negado un Amparo, está vinculado con el desvío de más mil 500 millones de pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado cuando Gustavo Guerrero Ortiz encabezaba la empresa y, en acto protocolario, entregó el dinero a Juan Pablo Guillermo.
El ex funcionario cargaba una maleta con cinco millones de pesos en los eventos de Borge para distribuir entre periodistas afines y miembros de su comitiva, así como para quienes pudiera significarle problemas al mandatario.
Por su lado, Acevedo Marín, fallido candidato a la alcaldía de Cancún, se encargaba de recaudar “diezmos” por concesiones, además de estar acusado por un desfalco de 800 millones de pesos en el SQCS, aunque se dice que el dinero se lo entregó a Juan Pablo Guillermo y éste le dio el 10%.
Respecto a Capeline Lizárraga, éste sería el “fontanero” de Borge, encargado de trabajos “sucios”, extorsiones, amenazas, chantajes y presiones, lo que habría ocasionado que en julio de 2016 lo acribillara un comando cuando circulaba en su Cancún. El crimen nunca se esclareció.
Juan Pablo Guillermo, por su lado, habría creado una serie de empresas “fantasmas”, a las que, con aval de su jefe político y directo, inyectó millones de pesos a sus cuentas, por lo que está acusado de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ante la PGR y la Fiscalía General de Quintana Roo.
El alcalde Remberto Estrada, cuyo desempeño ha sido calificado de anodino, es otro acaudalado personaje que atesora su fortuna en las cajas de seguridad de aquella empresa norteamericana.
Otro cliente, Paúl Carrillo, fue realmente operador silencioso e incondicional de Angulo, con cuyas acciones a favor fueron tan abiertas, que lo investiga la Auditoria Superior de Quintana Roo, al igual que a sus ex titulares municipales de Tesorería, Comunicación Social, Recursos Materiales, Seguridad Pública y Sistemas de información, ante la desaparición de cientos de millones de pesos.
El torno a Greg Sánchez, se necesitaría mucho para describir sus actividades, calificadas en su mayoría como ilícitas, entre ellas una acusado de narco, vinculado lo mismo a “Los Zetas” que a los hermanos Beltrán Leyva, por lo que estuvo preso, aunque fue señalado como contrabandista y traficante de personas.
Cabe señalar que el cateo a la empresa de seguridad cobró notoriedad a nivel internacional, incluso movilización de algunos clientes, que  argumentan violaciones a su privacidad y derechos humanos.
Inclusive, uno de los principales medios de comunicación rusos, RIA Novosti, informó: Se trata del aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad, en un brutal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), reseña el medio y añade que el hecho se ha viralizado en redes sociales con los hashtag #RoboDelSiglo, #RoboSeido, #RoboSeidoFNSCancún, entre otros.
Agrega que entre los clientes existen políticos, funcionarios, empresarios, periodistas y comerciantes, incluso religiosos del alto clero y advierte que al ser abiertas y manipuladas las cajas, el cliente está en completa indefensión para conseguir que le devuelvan un contenido, del que carece de algún registro o comprobante de haber sido guardado y, lo peor, queda abierta la posibilidad de saquearlas e incluso “sembrarles” algo ilícito.
En tanto, concluye el reportaje, al menos un centenar de arrendatarios de la empresa, se ha manifestado contra el operativo y exige les devuelvan las pertenencias depositadas y que sea en Cancún, no en la Ciudad de México, como hizo saber la SEIDO a los afectados, a los que indicó que tendrían que viajar a esa ciudad para ese efecto.
Lo cierto, es que resulta increíble que la mayor parte de la población exigía una exhaustiva investigación en torno al tema del saqueo de las arcas públicas de Quintana Roo por parte del ex gobernador y sus colaboradores, y hoy se reclame -según se demostró- la respuesta legal de las autoridades, precisamente para tratar de recuperar parte de los millonarios recursos.
Al menos hasta ayer circulaba por redes sociales una invitación de la familia Ancona-Teigell, que recurre al buen corazón, dice, “para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante legal de las cajas de seguridad First National Segurty, difundiendo a todos sus contactos de las arbitrariedades de la SEIDO de México, la Marina y la PGR”.
Sin embargo, nadie dice que haya sido ilícito el origen de los recursos “aparecidos” en las cajas de seguridad, aunque, en todo caso, los interesados-afectados, necesariamente deberán demostrar el origen legal de su propiedad y, en su caso, por lo menos, no tratarse de una evasión de impuestos.
¿Se reclama una injusticia real? O bien existe interés por demostrar agradecimiento…, como es evidente en el caso de los diputados federales, cuya solicitud se turnó a la Junta de Coordinación Política para su aprobación y, dice un boletín, “posterior aprobación en el Pleno”, aunque debó anteponer “posible”. Ya veremos

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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