¡Cobro de “facturas” a Carlos Joaquín!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tal y como le benefició en su momento durante la campaña electoral rumbo a la gubernatura, todo hace suponer que hoy corresponde nuevamente al mandatario aliancista PAN-PRD, Carlos Joaquín González, el tradicional pago de “facturas” políticas a quienes hicieron posible arrebatarle el bastión del PRI en el Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
Tal y como le benefició en su momento durante la campaña electoral rumbo a la gubernatura, todo hace suponer que hoy corresponde nuevamente al mandatario aliancista PAN-PRD, Carlos Joaquín González, el tradicional pago de “facturas” políticas a quienes hicieron posible arrebatarle el bastión del PRI en el Poder Ejecutivo de Quintana Roo.
¿Por qué nuevamente? Porque para nadie es secreto que, por
principio de cuentas, tras alcanzar la gubernatura, el ex alcalde de
Solidaridad primero debió ponerse “a mano” con los partidos que abanderaron su
candidatura. Y conste que no empleamos el término “apoyaron” porque, se sabe,
era tanto el hartazgo contra el PRI, que bien pudo ganar hasta como
independiente.
Lo cierto es que, inclusive desde antes de tomar posesión,
Carlos Joaquín inició el reparto del “pastel” entre perredistas y panistas,
éstos últimos los más beneficiados por el financiamiento que recibió del ex
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que buscaba infructuosamente la
candidatura panista a la Presidencia de la República.
Así,
junto con el pago de favores a políticos locales, también inició la “arribazón”
de poblanos, que despojaron a no pocos quintanarroenses de fuentes de trabajo,
pese al prometido “cambio” que nunca llegó, amén de que, dígase lo que se diga,
existía y existe un imparable ánimo de venganza contra todo cuando oliera a la
administración anterior.
Ahora
bien, el segundo cobro de “facturas” ocurrirá en julio próximo, con ocasión de
las elecciones que, en el caso de Quintana Roo, para buena fortuna de Carlos
Joaquín, NO incluye la gubernatura, ya que, quiérase o no, sería de pronósticos
reservados, aunque el poder esté en manos del dueño de las “canicas”.
En
efecto, dentro de menos de tres meses los quintanarroenses acudirán a las urnas
con el ánimo acorde a como les haya ido en la “fiesta”, sobre todo entre los
que resultaron o se sienten afectados por el “cambio”, aunque no todos de forma
justificada, pero SÍ la mayoría, entre ellos miles de profesionistas, jóvenes
principalmente, carentes o arrebatados de alguna fuente de empleo.
Por
citar un ejemplo, justificado, en parte, es el caso de los taxistas de
Solidaridad que, en mensaje-reclamo a Carlos Joaquín, le anticipan el voto el
contra a los candidatos del PAN-PRD para los cargos de elección popular en
juego en ese municipio, donde destaca el de la presidencia municipal, donde
pretende reelegirse la perredista Cristina Torres Gómez.
Suplida
desde el 2 de abril por la Oficial Mayor, Samaria Angulo Sala, la ex
funcionaria no sólo demostró carecer de capacidad para gobernar un municipio
con tantos problemas de inseguridad y falto de servicios públicos, sino que
triunfó circunstancialmente en unas elecciones que le beneficiaron ante la
renuncia del priísta Gabriel Mendicuti Loría a participar.
La
venganza del electorado de Solidaridad -y probable derrota de los candidatos de
Carlos Joaquín- resultará más grave si se considera que dicho municipio es cuna
del mandatario, así como de otro de sus candidatos, el también ex alcalde
Miguel Ramón Martín Azueta, quien buscará la diputación federal abanderado por
Movimiento Ciudadano.
¿Por qué sólo en parte es justo el reclamo del
sindicato de taxistas, choferes y concesionarios de Solidaridad? Porque, según su
misiva, después de muchos años de sufrir embates de malos gobiernos emanados del
PRI, que lo único que hicieron bien fue hacerse ricos al amparo del poder, no
han podido salir del gran bache que les dejaron,
Al igual que en el resto de
Quintana Roo, esos gobiernos, encabezados por los priístas Félix González y
Roberto Borge, sólo dejaron durante 42 años una estela de pobreza y necesidad,
en un Estado que, con todo y sus riquezas naturales, provocó que la mayoría de
la gente tomara la decisión de no más malos gobiernos.
En este sentido, dicen, “nos dimos
la oportunidad de que un hombre como usted nos devolviera la esperanza de que
podríamos cambiar la historia y que en verdad las oportunidades mejorarían”,
explican, aunque aclaran que ha pasado más de un año desde que llegó al poder, y
NO sienten su presencia y “estamos igual o peor que antes”.
Más adelante, le recuerdan al
mandatario que el 29 de mayo del 2016, con ocasión de su cierre de campaña en
Playa del Carmen, se comprometió con los trabajadores del volante a que los
sindicatos de taxistas dejarían de ser la “caja chica” de gobierno y a que ya
no se venderían más concesiones para financiar campañas políticas.
Lejos de ello, denuncian que, tan
sólo en Solidaridad, se han vendido ¡poco más de mil 300 concesiones! en lo que
va de su gobierno. En tanto que de las cosas que prometió ninguna se ha
realizado en favor de los taxistas organizados del Estado.
Hasta ahí las cosas, tienen razón
en su reclamo, no así en que “a esa falta de cumplimiento de su palabra”
pretendan sumarle que el mandatario convoque a la consulta pública basada en la
Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, en vigor en marzo de este año,
según ellos, a modo para evadir su responsabilidad de cumplirles lo que les prometió
en campaña.
Los taxistas argumentan que Carlos
Joaquín ofreció preguntarle a la gente si estaba de acuerdo en que se autorice
el transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de
plataformas digitales, esto en torno al ingreso de Uber al Estado.
Con esta medida, dicen, “creemos
que se burló de nosotros”, que sólo los utilizaron una vez más para fines
electorales y defraudó su esperanza porque ya sabía de la nueva Ley de Movilidad
Urbana y que debía permitir la entrada de Uber por presiones de los que
financiaron su campaña, por lo que lamentan que sea uno más de los políticos en
la cárcel, de los que pensaron que ya se habían librado.
Así las cosas, lamentan no haberse
dado cuenta de la simulación, pero advierten que esa gran familia taxista le
cobrará la “factura” en julio, cuando no sólo razonarían mejor su voto, sino
que harían lo necesario para proteger su patrimonio, pues, de ser preciso, se
manifestarían día y noche hasta que se desista de la consulta pública, aunque
en un marco de estricto respeto, “pero con mucha valentía, como cuando nos la
jugamos con usted”.
Concluyen que procurarán que NO
vuelvan a postularse para algún cargo de elección popular los políticos sin
palabra ni compromiso con los trabajadores del volante organizados del Estado,
algo así como establecer “reglas de juego”, por lo que dicen, ajenas a los intereses
del pueblo, usuarios y, sobre todo, al Estado de Derecho.
Por si faltara algún comentario
sobre el particular, cabe recordar la máxima en torno al aforismo “Dura lex,
sed lex” que, originado en el Derecho Romano, significa que “dura es la ley,
pero es la ley”, similar a “Durum est, sed ita lex scripta est”, que quiere
decir “es duro pero así fue redactada la ley”, lo que permite entender la
dimensión que el poder de la ley posee en sí misma.
En este
sentido, nada está inventando Carlos Joaquín al aplicar estrictamente la ley,
aunque quizá lo que moleste a sus ahora detractores, taxistas o no, es que les
hubiera engañado desde un principio -sólo lo saben los interesados-, sobre todo
en el caso de Uber, ya que el tema se manejaba en todo el país desde antes de
las campañas de ese entonces.
¿Cuál es el
real interés de los taxistas? Es claro: ¡Seguir monopolizando un servicio del
que ya están hartos no sólo los quintanarroenses, sino los usuarios de todo el
país! Quizá el servicio de Uber sea más oneroso o no esté al alcance de la
mayoría, pero, por lo menos, resulta más digno y decoroso para quien los
sostiene y ha soportado por años su prepotencia.
Pero de eso a
que Carlos Joaquín haya entregado más de mil 300 concesiones en año y medio
-como hacía el PRI que tanto criticó-, ni quien defienda el “cambio”… y de que miles
de votantes le cobrarán “facturas” en las urnas, ¡puede Usted jurarlo! ¿Quiénes
serán las “víctimas? ¡Muy pronto lo veremos!
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 41 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex
gobernadores y tres presidentes municipales y publicar cuatro libros.
Titulado en la Universidad Autónoma
de Yucatán como Licenciado en Derecho, cuenta con cuatro Diplomados en Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, y en Juicio de Amparo, así como con
más de 15 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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